La nueva Ley de Servicios Digitales centrará sus esfuerzos en acabar con los monopolios de Internet

La Comisión Europea (CE) está ultimando su nueva Ley de Servicios Digitales, que impondrá una lista de obligaciones a las llamadas ‘big tech’ para limitar su poder y evitar la actividad monopolística. La más destacada pasará por abrir los datos a sus competidores de menor tamaño si quieren explotarlos con fines comerciales. Además, no podrán impulsar sus propios servicios en virtud de sus acuerdos con terceros, como preinstalar sus aplicaciones en ningún sistema operativo de otro desarrollador. El borrador de la ley será público el próximo 2 de diciembre y tendrá que pasar examen ante el Parlamento Europeo (PE) antes de que se convierta en legislación propiamente dicha. 

En esencia, ha destacado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, “se creará una lista de lo que estas compañías pueden o no hacer para que el mercado digital funcione correctamente”. La directiva ha justificado esta normativa diciendo que, para navegar por Internet y elegir entre los millones de comercios en línea, “hemos llegado a depender de unas pocas plataformas digitales enormes que nos ayudan, funcionando como un mapa, a encontrar lo que estamos buscando. Pero un mapa no es el mundo, y cada uno de ellos toma decisiones sobre lo que nos muestra y nos esconde, lo que moldea nuestros conocimientos sobre nuestras posibilidades”.

Este tipo de monopolios, ha llegado a pronunciar, pueden socavar nuestra seguridad, influir en nuestras oportunidades e incluso guiar nuestros debates políticos en detrimento de la democracia. De este modo, la nueva Ley de Servicios Digitales actualizará la Directiva de Comercio Electrónico con el objetivo de “armonizar las reglas que nos permitirán acabar con los problemas estructurales y generar un mercado más competitivo”.

Sigue la lucha contra las noticias falsas y el contenido del odio

El otro gran pilar del nuevo marco normativo estará sustentado en acabar con las fake news y las publicaciones ilícitas que, en anteriores ocasiones, han supuesto serios problemas para la sociedad, como la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, el escándalo de Cambridge Analytica o la escalada de violencia que se dio en Myanmar y que tuvo las publicaciones en Facebook como mecha propagandística.

De este modo, las compañías tendrán que auditar las identidades de sus anunciantes antes de que contraten sus servicios y realizar informes públicos para los usuarios sobre sus acciones. No obstante, desde Edima, una asociación que representa a organizaciones como la propia Facebook, TikTok o Google, ya pidieron a Bruselas la semana pasada que esta nueva ley las amparase en sus intentos por eliminar estos contenidos, ya que temen cargar con toda la responsabilidad en caso de que alguna de estas publicaciones llegase a escapar a su control.