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Mentiras, bulos y fake news en un mundo digital

El problema de las fake news en redes sociales y mensajería instantánea no ha parado de crecer, posiblemente fomentado por el anonimato de los emisores

stop bulos
 
Autor: Manuel David Serrat Olmos
Doctor en Informática, responsable de Sistemas e Innovación Tecnológica en Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
 
   

No hace falta un desarrollo desde un punto de vista histórico, filosófico o religioso para entender que la mentira, por motivaciones variadas, existe desde que se creó la comunicación. No en vano el Octavo Mandamiento, enunciado en el Antiguo Testamento, prohíbe a los creyentes levantar falso testimonio o mentir. Un bulo, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua es una “Noticia falsa propalada con algún fin”, aunando el concepto de mentira con el de su propalación interesada, indiscriminada y, a corto plazo, anónima. 

Con el advenimiento de la tecnología, y más concretamente, la popularización del uso de Internet, las formas de propagación de bulos, o fake news, se han multiplicado, casi tanto como las motivaciones para hacerlo. Las webs, los blogs, las redes sociales, los sistemas de mensajería instantánea o incluso el correo electrónico son elementos indispensables en la actual situación de este fenómeno a nivel global, situación que supone una seria amenaza para la convivencia y la democracia en muchos países.

No cabe considerar bulos aquellas situaciones en las que un personaje más o menos público omite una realidad o miente sobre ella para sus propios intereses, ya que es un iniciador claramente determinado de la mentira. Por ejemplo, cuando un representante político, en un discurso, da un dato erróneo, malinterpretado o directamente inventado para apoyar sus argumentaciones en un discurso o debate. A mi modo de ver, hay muchos players en ese juego que le podrán rebatir y poner en evidencia, aunque está por ver que sus votantes se lo fueran a tener en cuenta en el futuro. De hecho, mentir en el parlamento no está perseguido legalmente en la mayoría de países democráticos. En cambio, históricamente en algunos países ha existido el delito de libelo cuando es un medio de comunicación el que miente a sus lectores sobre alguna cuestión pública, malversando el derecho a la información de éstos y violentando las obligaciones del medio en cuestión para con ellos. 

El problema de las fake news en redes sociales y mensajería instantánea no ha parado de crecer, posiblemente fomentado por el anonimato de los emisores y la inacción que muchos receptores de bulos manifiestan habitualmente. Son un medio excelente para su propagación, por la facilidad y rapidez para extenderse. Haciendo una analogía con el tráfico de sustancias estupefacientes, podríamos decir que un bulo tiene al menos un productor, que tiene una serie de motivaciones para crearlo, entre las cuales podemos citar dañar a una persona o colectivo, favorecer a una persona o colectivo, o crear un determinado estado de opinión pública. Ese productor necesita una serie de colaboradores, reales o virtuales, para proceder a la hacer llegar ese contenido falso, a los que podemos calificar de distribuidores del bulo. Finalmente, el bulo llega al público en general, los consumidores del bulo. Y ese público puede adoptar una de estas tres estrategias sobre el mismo: 

  • Enviarlo a diestro y siniestro, convirtiéndose a su vez en distribuidor y por tanto, en parte del problema. 
  • No hacer nada en absoluto, lo cual ni pone de manifiesto ni alivia el problema 
  • Pelear por desarmar el bulo, por la vía de la recopilación de información veraz y su envío a los otros consumidores del bulo y, en su caso, identificando al distribuidor que se lo ha hecho llegar, de cara a intentar que el problema de las fake news pueda iniciar la vía de la solución. 

De la cadena productor-distribuidor-consumidor, es obvio que el más difícil de ser localizado, en caso de investigación, es el productor, y los más fáciles, los últimos eslabones de distribuidores. Como en el caso de las drogas, donde siempre atrapan al más pequeño de los narcotraficantes, es extremadamente complejo llegar al origen de una noticia falsa en Internet, y sobre todo, es casi imposible eliminarla, por mucho que se consiga rebatirla. Salvo en un caso, y es cuando los medios oficiales de determinadas organizaciones, sobretodo políticas, inician el bulo y disponen de un ejército de cuentas falsas en las redes sociales para dar pábulo y visibilidad a la mentira recién creada. 

Por tanto, hay una parte en este problema, un colaborador necesario para los mentirosos, que no hemos analizado aún: las plataformas de redes sociales o de mensajería instantánea. Los diferentes actores del sector han tomado, o han anunciado que iban a tomar, diferentes medidas, para eliminar contenidos indeseables de sus entornos. Se entra en terreno pantanoso del derecho a la libertad de expresión cuando se pretende que esos medios censuren a sus usuarios, por lo que cualquier estrategia al respecto ha de ser muy cuidadosa. Sin embargo, es evidente que no pueden permanecer de perfil. Facebook anunció en 2019 determinadas medidas para luchar contra esta lacra que amenaza incluso su supervivencia como red social: retirada de informaciones falsas, cancelación de cuentas, acuerdos con terceras partes de verificación, etc. 

Pero ¿pueden estas plataformas ser responsabilizadas de la difusión de estos bulos? En mi opinión, sí; sobretodo si no toman medidas o establecen mecanismos para evitarla o mitigarla. Una vez identificado un mensaje o imagen como bulo, ¿qué puede costarle a Whatsapp eliminarlo de las cuentas de sus clientes por ese motivo? ¿O marcarlo como potencial bulo? La clave, como siempre, estará en que, salvaguardando el derecho a la libertad de expresión, y utilizando diferentes mecanismos, como por ejemplo el de la revisión por pares, se identifique el bulo y se retire o marque lo antes posible, eventualmente sancionando a sus distribuidores y, si se llegara a identificar, al productor. Incluso, si la gravedad del bulo así lo aconseja, buscando la represión de ese comportamiento, encajándolo en alguno de los delitos del código penal de cada país.

Ya hay países, con mentalidad ciertamente autocrática, como Hungría o Rusia, que persiguen estas prácticas, mediante mecanismos legales implantados con motivo de la crisis sanitaria del COVID- 19. Sin embargo, no eliminar directamente los bulos de las redes sociales, sino solamente detectarlos y marcarlos, aportaría interesantes ventajas: 

  • Permitiría trazarlos hasta su origen, para analizar la motivación de las cuentas creadores y distribuidoras, de cara a una hipotética represión penal. 
  • Permitiría incluso detectar las redes de cuentas falsas dedicadas a la retransmisión de estos bulos,para desactivarlas. 
  • Afectaría a la reputación de las cuentas legítimas que hubiesen redistribuido un bulo, generando por tanto una cierta auto-censura en ciertas personas que se lo pensarían antes de, simplemente, pasar por todos sus grupos de Whatsapp, o retuitear, una información no contrastada y dañina. Una especie de puntuación social en las redes, al estilo de un carnet por puntos, y que pudiera llegar a la cancelación de la cuenta. 

Dado el volumen de la amenazas, urge tomar medidas rápidamente en este sentido, tanto desde las plataformas tecnológicas como desde los poderes legislativos de los estados. Los procesos electorales en los paises democráticos, debido a los bulos y a los ciberdelincuentes, están cada vez más en riesgo. Y sobretodo, hay que hacer algo antes de que los deepfake, o videos falsos generados con técnicas de machine learning, comienzan a popularizarse, convirtiendo el desmontaje de bulos en tarea casi imposible. 

Referencias y más información: 



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