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"Nos preocupa que en el mundo digital haya monopolios de facto"

Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) valora los pros y contras del anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones, que contempla, entre otras cosas, una tasa a los operadores de mensajería instantánea como WhatsApp.

Miguel Pérez Subías, AUI

El pasado 11 de septiembre se inició la audiencia pública para el Anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el cual tendrá diferentes repercusiones tanto a nivel de proveedores como de usuarios de herramientas digitales. Este proyecto, que podría aprobarse a mediados de 2021, incluye la regulación de los servicios de comunicaciones electrónicas, de aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Queda camino por recorrer

En declaraciones a ComputerWorld, Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), cuenta que hay dos vías para enjuiciar la labor, considera que hay que diferenciar entre “la forma y el fondo”. Para el presidente de la AUI las formas del proyecto no han sido las adecuadas porque: “Nos gustaría que se debatiera antes de tomar decisiones. Roberto Sánchez –el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales– dijo que iba a revitalizar el consejo de telecomunicaciones. Esta era una buena ocasión buena para reunir al sector y consultarle. Es verdad que hay que una consulta, pero ese foro era el lugar ideal porque estaban todos –profesionales, administraciones públicas, asociaciones...–.

En cuanto al fondo, “hay cosas que nos gustan, porque mejora las obligaciones del sector con los usuarios”. Pérez Subías considera que la futura Ley General de Telecomunicaciones “mejora la relación cliente operador”.

Eso sí, “otro aspecto a mejorar es la interconectividad de las redes de mensajería” ya que “es un tema técnico y, al menos, se ha de discutir”. ¿Por qué? El problema que puede subyacer es peligroso: “Es difícil que aparezcan nuevos proveedores. Nos preocupa que en el mundo digital haya monopolios de facto”.

Mensajería, emergencias, 5G... Los cambios

Aparecen varias novedades que hacen de esta renovación de la Ley General de Telecomunicaciones un impulso a la conectividad, aspecto clave en la estrategia España Digital 2025.

Es innovador el hecho de regular por primera vez los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración, la comúnmente conocida mensajería instantánea –WhatsApp o Telegram–. Se imponen obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores y la obligación de observar medidas de seguridad de acuerdo con los riesgos propios de su naturaleza diferenciada respecto a los servicios tradicionales.

Otro aspecto es que se pretende eliminar ciertos elementos como las cabinas y las guías telefónicas. Esto irá unido a la inclusión de las velocidades de acceso que garanticen la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales esenciales como correo electrónico, noticias en línea o banca por internet. Asimismo, se establece la posibilidad de que el servicio universal pueda ser prestado por todos los operadores.

También vinculado a los derechos de los usuarios, se refuerza la transparencia de los contratos, limitar su duración y regular, por primera vez, los paquetes de servicios. También amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.

Las capacidades de los servicios de comunicaciones de emergencia también se verán afectados positivamente, según señalan desde el Gobierno. Se amplían las posibilidades de actuación e información que facilitarán un servicio 112 más efectivo a las Comunidades Autónomas. En concreto, se introducen nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta a la población en caso de grandes catástrofes o emergencias y disponer de una ubicación más precisa de las personas que efectúan llamadas al 112.

También incluye una revisión de las normas relativas a la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de facilitar el despliegue de las redes 5G y otros servicios inalámbricos innovadores. La más importante de estas reformas es la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.



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