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Reino Unido también tendrá una tasa para las tecnológicas

Este impuesto sobre servicios digitales, incluido en los presupuestos generales presentados por Philip Hammond, ministro de Hacienda británico, entrará en vigor en abril de 2020.

hammond

“No es sostenible ni justo que las empresas de plataformas digitales puedan generar un valor sustancial en el Reino Unido sin tener que pagar impuestos por ello”. Así explicaba ayer por la tarde Philip Hammond, ministro de Hacienda británico, el nuevo impuesto sobre servicios digitales que Reino Unido aplicará a partir de abril de 2020. Una tasa incluida en los presupuestos generales del país presentados ayer por Hammond.

Se trata de un impuesto, “cuidadosamente diseñado para asegurar que sean los gigantes tecnológicos establecidos, en lugar de nuestras nuevas empresas tecnológicas, quienes asuman la carga”, aseveró el responsable en clara referencia a los gigantes de Silicon Valley como Google, Amazon o Facebook, que desde la entrada en vigor de la nueva tasa no podrán eludir el pago de sus cuotas en el Reino Unido. "No se trata de un impuesto sobre las ventas online sobre los productos pedidos por Internet. Tal impuesto recaería sobre los consumidores de esos productos, y esa no es nuestra intención. El Impuesto de Servicios Digitales sólo será pagado por las empresas que sean rentables y que generen al menos 500 millones de libras esterlinas al año en ingresos globales".

La tasa, por tanto, se aplicará a las empresas tecnológicas que hayan realizado actividades comerciales en el Reino Unido con anterioridad y hayan evitado pagar importantes cantidades de impuestos. A quien impacta directamente este impuesto es a los marketplaces, los motores de búsqueda y las empresas que tienen plataformas sociales que hayan facturado más de 570 millones de euros.

Hammond y su equipo prevén generar más de 450 millones de euros al año con este nuevo tipo impositivo. El ministro aseveró que si se consigue realizar un acuerdo global sobre este nuevo impuesto se considerará la posibilidad de adoptarlo en lugar del que se acaba de presentar. "El Reino Unido ha liderado los intentos de reformar el impuesto de sociedades internacional para la era digital. Un nuevo acuerdo global es la mejor solución a largo plazo. Pero el progreso es dolorosamente lento. No podemos simplemente hablar para siempre", señaló, explicando la razón de que ahora lancen este nuevo impuesto, apuntando, no obstante, que el Gobierno británico seguirá trabajando en la OCDE y en el G20 para buscar una solución acordada a nivel mundial.

España como avanzadilla

Esta medida está en línea con la anunciada este mes por la ministra española de Hacienda María Jesús Montero, que daba a conocer hace unos días la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley del impuesto sobre servicios digitales, que se enmarca dentro de los presupuestos generales del Estado del Ejecutivo de Sánchez (pendientes aún de la aprobación en el Parlamento español).

La nueva tasa española gravará un 3% los ingresos generados por la publicidad online, la intermediación en línea y la venta de datos recopilada de la información que proporcionan los usuarios, lo que permitirá una recaudación por parte de Hacienda de 1.200 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la propia Agencia Tributaria.

Si finalmente sale adelante la tasa, España sería el primer país que pone en marcha este impuesto propuesto por la UE, un impuesto que afecta a las empresas que se dedican a las actividades antes mencionadas y que facturan más de 750 millones de euros en nuestro país.

Frente a la aprobación de esta tasa se encuentran tanto las propias tecnológicas afectadas como las principales patronales del sector TIC, como Ametic y Digitales, que se han mostrado en contra de que esta medida se apruebe sin estar plenamente consensuada a nivel internacional, o al menos a nivel europeo. La presidenta de IBM España y el CEO de Apple se incidían en este sentido hace unos días.

Junto a la mencionada tasa, el Gobierno español también ha aprobado un anteproyecto de lucha contra el fraude que actualiza el concepto de ‘paraíso fiscal’, con el fin de que las multinacionales tributen en los países en los que operen, de forma que gigantes como Apple o Google y tantas otras tecnológicas americanas contribuyan a la economía nacional de los países donde tienen presencia.

 



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